Política energética FACE: una mirada estratégica sobre el nuevo escenario
nacional – 8 de mayo 2026
En el marco de Conexión Regional Córdoba, realizada en la Cooperativa de Servicios Públicos
de Oliva, la Comisión de Política Energética de FACE compartió un análisis integral sobre los
principales procesos que hoy atraviesan al sistema energético argentino.
La exposición abordó temas regulatorios, tarifarios, impositivos, tecnológicos y empresariales,
con especial foco en el impacto que estos cambios pueden tener sobre las cooperativas
eléctricas del país.
El encuentro permitió poner en debate cuestiones centrales como la unificación regulatoria,
la política de subsidios y tarifas, la reconcesión y privatización de activos estratégicos, la
licitación de almacenamiento con baterías, el nuevo mapa de actores del sector energético y
los desafíos operativos e institucionales que se presentan para el cooperativismo.
1. Unificación regulatoria, subsidios, tarifas y situación social del usuario
En primer lugar, se hizo una revisión de los principales temas tratados en materia de política
energética, destacando que la política nacional viene siguiendo una línea clara de unificación
y centralización de criterios.
Ese proceso se advierte, por un lado, en la reorganización institucional del sistema regulatorio.
El Gobierno nacional formalizó la designación de las autoridades del nuevo Ente Nacional
Regulador del Gas y la Electricidad —ENRGE—, organismo creado a partir de la unificación del
ENARGAS y el ENRE. El nuevo ente funcionará en la órbita de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Economía y tendrá a su cargo la regulación de los servicios públicos de gas y
electricidad bajo una misma estructura institucional.
La lectura política de este punto es que no se trata solamente de un cambio administrativo. La
unificación de los entes reguladores refleja una decisión de concentrar criterios,
procedimientos y control sobre dos servicios esenciales que hasta ahora tenían estructuras
separadas. En el mismo sentido debe leerse la tendencia a la simplificación y unificación de
trámites vinculados a subsidios y beneficios energéticos.
También se hizo referencia al sistema RASE/RESET y a la reglamentación de subsidios,
remarcando que la política pública tiende a evaluar al usuario de manera integral. En términos
prácticos, el trámite de luz y gas comienza a tener una lógica común: el usuario es evaluado
bajo un esquema unificado y el beneficio se concede o se rechaza en función de esa evaluación
general. Esto implica que las distribuidoras y cooperativas deberán estar atentas a los criterios
de registración, segmentación, cruce de datos y actualización de padrones.
En materia tarifaria, se señaló que el Gobierno viene administrando las subas con una
estrategia de corto plazo orientada a contener el impacto inflacionario. Se mencionaron
bonificaciones en gas y electricidad, entre ellas una bonificación extraordinaria en gas
residencial y, en electricidad, la ampliación del bloque subsidiado y la aplicación de
bonificaciones sobre el precio. La finalidad de estas medidas es evitar un salto significativo en
las facturas durante el invierno, en un contexto de mayor consumo estacional. Sin embargo,
también se marcó una contradicción de fondo: los subsidios aumentaron fuertemente,
mientras que el Gobierno intenta sostener simultáneamente la baja de la inflación y el
equilibrio fiscal. Esto muestra que el ajuste tarifario no está cerrado, sino administrado
políticamente.
El dato social relevante es que el aumento de servicios modificó la estructura del gasto de los
hogares. Los hogares pasaron a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de
servicios, reduciendo el ingreso disponible para otros consumos. También se destacó el
crecimiento del endeudamiento familiar y de la morosidad, lo cual resulta especialmente
relevante para las cooperativas, porque la política tarifaria no puede evaluarse únicamente
en cobrabilidad, atención al usuario y conflictividad social.
La conclusión de este primer punto es que el sistema energético está avanzando hacia una
mayor centralización regulatoria, unificación de criterios de subsidios y administración política
de tarifas. Para las cooperativas, esto exige seguimiento permanente, porque cualquier
modificación en subsidios, padrones, bloques bonificados o criterios de segmentación
repercute directamente sobre la facturación, la cobranza y la relación diaria con los usuarios.
El tema de tarifas y subsidios no puede analizarse como una cuestión aislada. Hoy conviven
tres tensiones al mismo tiempo: la necesidad de recomponer costos del sistema, la decisión
del Gobierno de contener la inflación y la capacidad real de pago de los usuarios. En ese
equilibrio inestable deben moverse las cooperativas, cuidando la sustentabilidad del servicio
sin perder de vista el impacto social y territorial de cada medida.
2. Reconcesión, privatizaciones y reconfiguración del mapa empresario energético
En segundo lugar, se abordó el proceso de reconcesión, privatizaciones y reordenamiento
empresario del sector energético nacional. Se analizó especialmente la privatización de la
participación estatal en la sociedad controlante de Transener, empresa que administra gran
parte de la red troncal de transporte eléctrico en alta tensión del país.
En este punto se destacó que la participación estatal fue adjudicada al consorcio integrado
por Genneia y Edison Energía, lo cual representa un movimiento relevante dentro del
esquema de transporte eléctrico nacional. Transener tiene un rol estratégico porque opera
más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV, que recorren el país y constituyen una parte
central de la infraestructura eléctrica argentina.
Este proceso no debe leerse únicamente como una venta de acciones. La lectura de fondo es
que se está produciendo una concentración y reposicionamiento de actores privados
nacionales dentro de generación, transporte y distribución. La falta de fuerte presencia
internacional en el proceso también fue señalada como un dato relevante: el
reordenamiento parece estar siendo capitalizado principalmente por grupos locales con
capacidad financiera, conocimiento del sistema y presencia previa en el sector.
Dentro de ese mismo eje se hizo referencia a las concesiones y reconcesiones de activos
estratégicos, incluyendo centrales hidroeléctricas de la región del Comahue, como Alicurá y
Cerros Colorados, y también a la incorporación de las centrales termoeléctricas Manuel
Belgrano y José de San Martín al paquete privatizador de ENARSA.
Estas centrales térmicas tienen relevancia propia porque suman potencia de base al sistema
y abastecen corredores de alta demanda del SADI. Por eso, el proceso no se limita al
transporte eléctrico ni a las hidroeléctricas del Comahue: comprende una reconfiguración
más amplia de activos estratégicos de generación, transporte y abastecimiento.
El mensaje central fue que las cooperativas deben seguir de cerca estos movimientos porque
la nueva configuración del sistema va a definir el mapa de interlocutores del sector
energético en los próximos años. No se trata solamente de observar quién gana una
licitación, sino de identificar qué grupos empresarios pasan a controlar activos estratégicos
de generación, transporte y abastecimiento.
En generación, transporte, distribución y almacenamiento se está conformando un nuevo
mapa de poder económico y operativo. Para las cooperativas, quedar afuera de esa lectura
sería un error estratégico, porque muchas decisiones que impactarán en el funcionamiento
del sistema ya no dependerán exclusivamente del Estado, sino también de los nuevos actores
privados que vayan tomando posición en cada segmento.
La conclusión de este segundo punto es que el sistema eléctrico argentino está ingresando en
una etapa donde los actores privados tendrán mayor incidencia sobre activos estratégicos.
Esto obliga a las cooperativas a mirar más allá de su operación diaria y comenzar a identificar
quiénes serán los nuevos interlocutores relevantes, qué intereses representan, qué activos
controlan y cómo puede impactar esa nueva configuración sobre el sector cooperativo.
3. Licitación AlmaSADI, almacenamiento con baterías y análisis de nodos
En tercer lugar, se trató la licitación AlmaSADI para almacenamiento de energía con baterías
—BESS—. Se explicó que el proceso busca adjudicar aproximadamente 700 MW de
almacenamiento, con posibilidad de ampliación, y que existe una expectativa de participación
muy superior al volumen adjudicable.
La cantidad de ofertas esperadas podría multiplicar varias veces la potencia objetivo de la
convocatoria. Esto genera un escenario de fuerte competencia, que podría presionar los
precios a la baja. Sin embargo, también se advirtió que esa competencia convive con un
contexto de aumento del costo de origen del CAPEX, por lo que el equilibrio económico de los
proyectos deberá analizarse con atención.
Se repasó también el cronograma previsto para la licitación, con apertura de propuestas
administrativas y técnicas, posterior evaluación económica y adjudicación. A su vez, se
mencionó que la fecha objetivo de entrada en operación comercial continúa siendo exigente,
ya que los plazos entre adjudicación, ejecución y puesta en marcha son reducidos.
Sobre la planilla de nodos, se explicó que no todos los puntos tienen el mismo valor
estratégico. La clasificación de CAMMESA distingue nodos de distinto impacto y con efectos
concretos en la competitividad de las ofertas. Por eso, el análisis no debe limitarse a
determinar dónde hay disponibilidad técnica, sino dónde el proyecto tiene mayor ventaja
competitiva y mayor impacto operativo.
Los nodos con restricciones importantes o con necesidad de soporte para el sistema pueden
adquirir mayor relevancia. En esos casos, los proyectos de almacenamiento no solo
representan una inversión privada, sino también una solución operativa para mejorar la
eficiencia, estabilidad o capacidad del sistema eléctrico.
Del análisis del Excel surge una conclusión operativa clara: las cooperativas deben estar atentas
a los nodos cercanos, a las transportistas involucradas y a las distribuidoras o cooperativas que
puedan quedar vinculadas territorialmente a cada proyecto. En particular, aparecen como
estratégicos aquellos nodos donde puedan existir restricciones, necesidades de refuerzo o
ventajas comparativas para la instalación de almacenamiento.
La recomendación fue que las cooperativas no esperen pasivamente el resultado de la
licitación. Deben identificar potenciales oferentes, evaluar posibilidades de asociación,
acompañamiento técnico, disponibilidad territorial, servicios complementarios o participación
local.
La idea central planteada fue que, una vez definidos los adjudicatarios, el margen de acción
será menor. Por eso, el trabajo debe hacerse antes: mirar quiénes se presentan, en qué nodos,
con qué empresas, qué transportista interviene y qué cooperativa o distribuidora se encuentra
en el área de influencia.
La prioridad debe estar en detectar oportunidades de vinculación local con quienes tengan
chances reales de adjudicar. Para las cooperativas, este tipo de proyectos puede representar
una oportunidad concreta si se trabaja con anticipación, información y estrategia. De lo
contrario, corren el riesgo de que las inversiones se definan sobre sus áreas de influencia sin
participación ni beneficio institucional para el sector cooperativo.
4. Reducción de alícuota de IVA para riego agroindustrial y formulario CAMMESA
Finalmente, se trató el tema de la reducción de alícuota de IVA para la energía eléctrica
destinada a sistemas de riego agroindustrial. Se explicó que la normativa incorporó como
supuesto alcanzado por alícuota reducida la provisión de energía eléctrica utilizada en
sistemas o equipos de riego con destino al sector agroindustrial.
En este marco, CAMMESA remitió una comunicación solicitando a los Grandes Usuarios que
pudieran estar comprendidos que presenten una declaración jurada informando dicha
circunstancia. El formulario exige identificar razón social, CUIT, teléfono, correo electrónico,
punto de suministro, NEMO, localidad o provincia, actividad agroindustrial y descripción del
sistema o equipo de riego.
Además, el declarante debe manifestar bajo juramento que la energía eléctrica de esos puntos
de suministro se destina efectivamente a sistemas o equipos de riego agroindustrial, conservar
la documentación respaldatoria y comunicar cualquier modificación dentro del plazo previsto.
También se comentó que una federación realizó una presentación ante ARCA para consultar la
aplicación práctica del beneficio, especialmente frente a casos donde un mismo suministro
pueda abastecer tanto equipos de riego como otras instalaciones agroindustriales, por
ejemplo acopio, procesamiento u otras actividades vinculadas al establecimiento.
Este punto es relevante porque, hasta tanto exista reglamentación o criterio aclaratorio, puede
haber dudas sobre si corresponde aplicar la alícuota reducida sobre todo el consumo o
solamente sobre la parte estrictamente afectada al riego. Por eso, resulta necesario actuar con
prudencia, exigir respaldo documental suficiente y seguir de cerca las aclaraciones que emitan
ARCA, CAMMESA o la Secretaría de Energía.
Para las cooperativas y distribuidoras, el tema tiene impacto operativo, comercial e impositivo.
No alcanza con saber que existe el beneficio: hay que determinar qué usuarios pueden estar
alcanzados, qué documentación deben presentar, cómo se acredita el destino de la energía,
cómo se informa a CAMMESA y cómo se evita aplicar indebidamente una alícuota reducida.
La recomendación es que cada cooperativa identifique si dentro de su área existen usuarios
agroindustriales con sistemas de riego que puedan solicitar el beneficio, pero sin aplicar
documentación respaldatoria correspondiente.
Conclusión general
Como cierre, se remarcó que el escenario energético actual exige seguimiento activo y lectura
estratégica. Hay cambios regulatorios, tarifarios, impositivos, societarios y tecnológicos
ocurriendo en paralelo.
La unificación regulatoria, la revisión de subsidios, la administración de tarifas, la privatización
de activos estratégicos, la reconcesión de empresas, la licitación de almacenamiento con
baterías y los cambios impositivos vinculados al riego agroindustrial forman parte de un mismo
proceso: la reconfiguración del sistema energético argentino.
Para las cooperativas, el riesgo es quedar como simples observadoras de procesos definidos
por otros. La oportunidad, en cambio, está en anticiparse, identificar dónde puede haber
impacto territorial, preparar información propia y buscar vinculación temprana con los actores
que van a operar los nuevos proyectos.
La Comisión deberá mantener un seguimiento permanente de estos procesos, no solo desde
el punto de vista normativo, sino también desde la oportunidad institucional y operativa para
las cooperativas asociadas. El desafío no es únicamente cumplir con los cambios que se
dispongan, sino leerlos a tiempo para defender el rol cooperativo dentro del nuevo mapa
energético nacional.
José Luis Mangini
Presidente
Comisión de Política Energética de FACE
Cerrito 146 1º Piso. CABA, Argentina (C1010AAD) | Tel: +5411 38689880 | E-mail: face@face.coop
